Los Derechos Humanos pueden desaparecer. El derecho a una vida digna, al trabajo, a la vivienda, a la educación y la salud pueden desaparecer. Hasta la comida en los comedores populares y los remedios oncológicos en los hospitales pueden desaparecer. Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que costaron sangre, sudor y lágrimas también pueden desaparecer. Pero los dinosaurios no van a desaparecer en el gobierno de Javier Milei.
Los negacionistas nostálgicos de la dictadura cívico-militar pululan por los ministerios haciendo la parodia democrática. Pero lo que prolifera es el recorte de políticas públicas en derechos humanos. Desfinanciamiento, despidos, restricciones, cierres de líneas de trabajo reinan en el área. Es el desmembramiento a secas que lleva adelante la aceitada motosierra desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada, luego del funesto gobierno del peronista Alberto Fernández.
Sin eufemismos, destrucción de la memoria y reescritura de la historia. Otro capítulo de la llamada “batalla cultural”. Despachos de guerra: funcionarios que reivindican la represión clandestina e ilegal, que elogian los indultos y visitan a condenados por torturas y asesinatos, que postulan la “memoria completa”. Argentina, 2025: el país de no me acuerdo.
Doy un pasito para atrás y me pierdo en el pasado no tan lejano, algo deshecho por las sombras de la memoria y la debilidad de la palabra. Un tsunami de la extrema derecha inundaba el frígido microcentro porteño en la noche bien oscura del domingo 19 de noviembre de 2023. Desde las alturas del Hotel Libertador, el búnker de La Libertad Avanza, se veía el punto exacto hasta donde llegaba el agua, ese sitio en el que la ola anarcocapitalista finalmente rompió y comenzó a retroceder arrastrando a la Argentina.
“¡Viva la libertad, carajo!”. El trueno sin relámpago retumbaba en las entrañas del hotel. Bajo las luces artificiales, los vencedores en los comicios presidenciales reptaban por el salón de actos con sus banderitas amarillentas de la cascabel de Gadsden. Cuántas veces, dijo Spinoza, hombres y mujeres luchan por su esclavitud como si se tratara de su libertad.
Reverdecer derechista. Celebraban a copa alzada liberales vieja escuela, púberes streamers altright en éxtasis, duros fascistas españoles del Vox franquista, bolsonaristas exiliados sin saudade y trumpistas criollos con sus gorritas “Make Argentina Great Again”. También generales sin uniforme, melancólicos de los años de plomo, aplaudían a su estrella distante.
Frente a los ejércitos de la noche, en posición de firmes sobre las tablas del palco de honor festejaba la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, abogada cráneo candente de la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) y autora de libros empapados en las teorías de la “guerra sucia” y “la lucha contra la subversión”. Militante full time de la “historia completa”, Villarruel disfrutó del aprecio del dictador Jorge Rafael Videla, a quien visitó con frecuencia antes de que muriera en 2013, sentado en un inodoro del penal de Marcos Paz.
La abogada llegaba al poder de la mano del “León” y/o topo destructor del Estado. No hizo uso de la palabra en la noche triunfal. V.V. —como la apodaron los Winona Riders en su más reciente antihit punk rabioso— ya había dicho demasiado en la campaña sobre los planes del futuro gobierno para garantizar impunidad a los genocidas. Incluso los había homenajeado en la Legislatura porteña pocas semanas antes del balotaje. El que avisa no traiciona.
Cuentan que aquel domingo hubo brindis en las cárceles donde los militares cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad. Hay sospechas de que varios reos financiaron en las sombras la campaña de La Libertad Avanza. Para el fin de fiesta libertaria en el microcentro, desde los parlantes sonaron oportunos, quizá como presagio futuro, los alaridos de “Panic Show”.
La noche que Milei ganó las elecciones, Maia Jait no pudo dormir. “Daba vueltas en la cama. Era angustia, miedo a lo que venía, a perder el laburo, a que destruyeran las políticas de memoria que son vanguardia a nivel mundial, a que vuelva la violencia”, recuerda afligida en un salón del ex centro clandestino de detención y actual espacio de la memoria Virrey Cevallos, donde trabajaba.
El primer lunes de un febrero que pinta infernal, Jait convida un mate en la tarde transpirada del barrio porteñísimo de Montserrat: “Seis meses después de esa noche, la pesadilla se hizo realidad. Me quedé sin trabajo, era julio y no me renovaron el contrato, estaba en el área de educación, en el vínculo con las escuelas. Hacíamos talleres y armábamos visitas para los pibes y las pibas que se acercan al Cevallos. Quedar desocupada me cambió la vida. Es como una trompada con este contexto de crisis, con la plata que no alcanza para nada. Pero acá estamos peleando, como muchos compañeros despedidos, porque estos son espacios del pueblo, no podemos dejar que los vacíen”.
Jait es una de las tantas víctimas del vaciamiento implacable y sostenido que ejecuta la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, piloteado por el letrado mediático Mariano Cúneo Libarona. En diciembre de 2023, cuando asumió el actual secretario Alberto Baños, exjuez de instrucción y amigo de fierro del mandamás de la cartera justiciera, la planta de trabajadores era de 1050 personas. En enero de 2025, quedan 540. Hay que sumar a la sangría las decenas de cesanteados de los desaparecidos Ministerio de la Mujer y el Inadi, que habían pasado a la órbita de Justicia.
Un Informe de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) detalla que el sablazo afectó áreas “sumamente sensibles, como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, los Sitios y Espacios de Memoria, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad” y siguen las firmas. La reducción del personal va del 30 al 61 por ciento, según el área.
Abogados, administrativos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, docentes, conservadores, comunicadores. Trabajadores y trabajadoras con hasta 30 años de antigüedad perdieron sus fuentes de ingreso en los últimos doce meses. Ninguno fue remplazado. Las tareas que desempeñaban se dejaron de hacer o tuvieron que ser asumidas por los laburantes que sobrevivieron al desmantelamiento. En las últimas semanas, cientos fueron presionados para adherir a un retiro poco voluntario. Quienes no firmaron, no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo desde el 1° de enero y muchos recibieron el telegrama o el aviso de la discontinuidad del contrato. También hubo recortes en los salarios, con reajustes que los bajaron más de un 50 por ciento. Al que no le gusta, ahí tiene la puerta.
Los fríos datos hablan; ejercicio que no practica el gobierno. La Secretaría de DD.HH. no respondió a las consultas de la ROLLING STONE sobre el desfinanciamiento y las políticas públicas que proyecta para el área.
Maia convida otro mate y continúa: “La sensación es de vaciamiento, no les importa que existan estos espacios de memoria, que están protegidos por ley y deben ser resguardados por las causas judiciales. Estos lugares no son museos, porque su fin es ayudar a pensar y reflexionar cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que se diera una experiencia genocida en nuestro país. También tender puentes con el presente. Qué queda de la dictadura, qué se repite, porque se viven experiencias cotidianas en muchos barrios que no son muy distintas a las de los años setenta. Estos lugares son peligrosos para ellos, porque cuidan la memoria y hacen pensar la realidad. Por eso desfinancian, por eso los discursos de odio que bajan desde el Ejecutivo, por eso quieren callarnos”.
Los crímenes que se perpetraron en Cevallos también fueron silenciados durante décadas. En la casona anclada en la triple frontera que hermana Montserrat, Constitución y San Cristóbal funcionó entre 1976 y 1983 un centro clandestino de detención, tortura y exterminio a cargo de la Fuerza Aérea. El chupadero fondeado en pleno centro de la ciudad de la furia fue recuperado luego del crac económico y el estallido social de 2001, por iniciativa de los organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes, familiares de víctimas y los vecinos. Funciona como Centro de la Memoria desde 2009. “Los sobrevivientes contaban que desde las celdas escuchaban el cotidiano del barrio. Un festejo de cumpleaños, la tele encendida, alguien baldeando. Desde la recuperación, los vecinos empezaron a acercarse, a contar que escuchaban gritos de los secuestrados, que los militares bajaban gente de autos. Pudieron hablar, vencer el trauma que había dejado la dictadura”, dice Nelson Contreras, trabajador del espacio desde su gestación.
El laburante recorre las entrañas de la casa devenida en testimonio del genocidio. Las celdas diminutas, los cuartos donde descansaban los verdugos, las huellas de la dictadura. Retratos en sepia de los desaparecidos del barrio cuelgan en la planta baja.
Nelson cuenta que el viejo caserón anda con problemas estructurales hace rato. El recorte en esa materia no es nuevo. Se arrastra desde los tiempos cambiemitas y peronistas. En los recursos humanos el panorama es desolador: de ocho trabajadores del espacio, solo dos conservan el puesto. La historia se repite como tragedia en otros ex centros clandestinos que son sitios de la memoria, como El Vesubio, Club Atlético, Olimpo y Automotores Orletti.
“El secretario Baños no conoce estos espacios, nunca se acercó, no le interesan, preferiría verlos cerrados. Solo dice que están llenos de ñoquis”, lamenta Nelson. Después señala una esvástica dibujada por los torturadores cerca de las escaleras que llevan a la terraza. El recorrido termina en las alturas del caserón. Según los vecinos, los militares usaban la terraza para limpiar sus armas, quemar documentación o simplemente tomar aire o fumar un pucho luego de aplicar picana en los subsuelos. Desde la terraza del Cevallos puede verse la cúpula del Congreso. Tan lejos, tan cerca del horror.
En la mañana previa a la primera marcha del 24 de Marzo en la era Milei, el gobierno nacional difundió por las redes sociales un cortometraje para “celebrar” el 48º aniversario del último golpe de Estado. Trece minutos condimentados con dosis desparejas de negacionismo, declaraciones de dinosaurios de pura cepa y golpes bajos a la democracia.
Por la tarde, la respuesta en las calles fue masiva, contundente y, sobre todo, democrática. “Podrán sacarme la jubilación, pero no la memoria”, agitaba una señora el cartel tatuado en prolija caligrafía a pasitos de la colmada Plaza de Mayo. Desde Parque Patricios se había arrimado. Me contó que se llamaba Susana y que era jubilada docente. Castigada por la impiadosa crisis económica, sinceró: “No podía faltar. Es una fecha muy fuerte, que se resignifica en este presente. Estaba triste las últimas semanas, dudaba si venir. Pero me dije: ‘Es ahora más que nunca’; acá me siento abrazada, contenida. Somos miles los que vamos a seguir luchando. La historia está de nuestro lado”.
Thelma bordó una bandera que cubría la Avenida de Mayo a la altura de Piedras. Patchwork celeste y blanco que llevaba cosidos los nombres de detenidos-desaparecidos oriundos de la zona sur del conurbano. “Con agujita e hilo también luchamos. Más que nunca están con nosotros y mantenemos sus ideales”, dijo Thelma.
Martín, abogado oriundo de Morón, bailaba al ritmo del tamboril cerca de la Catedral metropolitana. Lloviera, tronara o hiciera un calor digno del infierno, no faltó nunca a la marcha: “Nos gobiernan los fachos, la casta antipueblo, los que ponen en duda la cantidad de desaparecidos, los que nos sacan derechos. Al final, la libertad no avanza, rebobina”.
Las cocineras que alimentan las barriadas empobrecidas también dijeron presente. La señora Mabel llegó desde el Bajo Flores. Antes de volver a su barrio siempre olvidado, miró la Casa Rosada oscura, vacía, apagada: “Nunca más a la dictadura. Nunca más al hambre. La democracia también es que la gente pueda comer”. No muy lejos, un mensaje para el primer mandatario pintado en un conteiner era certero: “Tengo hambre, Conan”.
Un río memorioso fluyó ese domingo por Avenida de Mayo, por Diagonal Norte y Sur, por las calles empedradas de San Telmo y más allá. Todos los caminos conducían a la Plaza de Mayo colmada bajo un sol tremendo. Cientos de miles de personas, decenas de columnas, un solo grito: “Son 30 mil”.
El Programa Verdad y Justicia se creó luego de la desaparición en 2007 del sobreviviente de la dictadura Julio López. Allí trabajaba Alejandro Jasinski. El historiador cuenta por teléfono que el programa asistía a las víctimas y familiares en los juicios de lesa humanidad. Jasinski investigaba los lubricados vínculos entre empresarios y la Junta Militar. Aportaba informes a las causas. Luego del intento de cierre durante la presidencia de Mauricio Macri, Verdad y Justicia fue finalmente vaciado en los últimos meses: “Se paralizó. Primero no hubo nombramientos, eso hizo que no hubiera firmas y no salieran los informes. Luego vino el desmantelamiento de los equipos, con goteo de despidos, que después fueron masivos. En octubre ofrecieron retiros voluntarios, que en realidad forzaban a la renuncia. ‘Si no aceptás, no hay nada’, amenazaban. A los que quedamos, nos ofrecieron cambiar el contrato. Se renovaba cada tres meses, con una reducción del sueldo de 500 mil pesos. Se perdían los derechos laborales. La Secretaría de Derechos Humanos va derechito a un iceberg, la quieren hundir”.
Al historiador no lo sorprenden los discursos que bajan desde las altas esferas del Estado: “Ahora pasa con el Operativo Independencia, con las cabezas del Gobierno felicitando a los que cometieron crímenes de lesa humanidad condenados por la Justicia. Es el Estado promoviendo el negacionismo”. El pasado miércoles 5 de febrero, 50º aniversario del inicio de la masacre en Tucumán, el centro porteño apareció empapelado con afiches reivindicando “el sepulcro de la subversión apátrida”.
¿Por qué creés que se da este regreso de los discursos negacionistas?
Es que la memoria no es algo fijo, se dan procesos hegemónicos para construir memoria. Hay una cuestión de la memoria que está atada a la lucha por un mundo mejor. Ese fue el discurso de los gobiernos anteriores. Ese discurso no puede ir a contramano del desarrollo social, cultural y económico. La precarización de los últimos años, las crisis permanentes, la pérdida de derechos básicos, hicieron emerger a políticos como Milei, que dan su batalla cultural destruyendo el Estado. Pero ya tuvimos experiencias similares en el pasado. También de luchas y resistencia.
De batallas en este campo está curtido Osvaldo López. El hombre de 70 años sobre el lomo sobrevivió a la dictadura luego de fugarse de las mazmorras de Cevallos 628. López tenía 22 años, era cabo primero de la Fuerza Aérea y militaba en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Fue secuestrado en julio de 1977 en el centro de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Militares de civil lo encapucharon y esposaron, y luego lo llevaron primero a Castelar, donde lo torturaron, y más tarde a la casona del terror encajada en Montserrat, a 200 metros del Departamento Central de Policía. Lo acusaron de un sabotaje de aviones Mirage. Era candidato a una “boleta” segura.
Pero vivió para dar testimonio. Una noche pudo librarse de las esposas, forzó la celda y escapó por los techos. Antes intentó liberar sin éxito a una joven compañera de martirios, la periodista Miriam Lewin. Los militares desataron una cacería por cielo y tierra para recapturarlo, pero no pudieron. Eso sí, amenazaron de muerte a su familia. López no quiso cargar con la culpa y, resignado, decidió entregarse. Lo hizo frente a un juez, el doctor Zamboni Ledesma, quien lo entregó a la Fuerza Aérea. Osvaldo estaba rendido esperando la muerte, pero finalmente no lo ejecutaron. Un consejo de guerra sumarísimo lo juzgó por deserción. Fue condenado a 24 años de prisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró nula la sentencia y recuperó la libertad en 1987.
Durante los días postreros del alfonsinismo y el dilatado menemismo, años de avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos, López militó en las barriadas del sur de la capital. Post 2001 empujó en la recuperación del ex centro clandestino donde estuvo confinado. Fue su coordinador desde 2009 hasta diciembre pasado, cuando fue despedido.
Por teléfono desde La Rioja, donde se mudó para subsistir, Osvaldo dice que todo presente tiene una historia. Dueño de una memoria funesina, resalta: “No llegamos hasta acá de la nada. De la dictadura y su plan para destruir todas las formas de organización de la sociedad e instaurar el neoliberalismo, luego pasamos a gobiernos que aplicaron, con algunas concesiones, las mismas recetas, pero con otros medios. Menem, De la Rúa y estalla todo en 2001. Kirchner no cambia la matriz, pero da concesiones en materia social y de Derechos Humanos. Caen las leyes de impunidad, se juzga a los represores. Después viene un claro giro a la derecha y la profunda crisis económica que termina con Milei en el poder. Un presidente que reivindica la represión de la dictadura y que aplica una política económica contra los sectores populares. El balance del primer año es clarito. No hay que dejarse engañar”.
¿Le llama la atención que el Gobierno siga manteniendo altos índices de aprobación, sobre todo en los sectores juveniles?
Creo que no es tan así. Los jóvenes y la sociedad toda viven en carne propia las políticas salvajes de Milei. El Gobierno satura en las redes sociales y en los medios con su discurso, pero cuentan una historia lejana a la realidad. A los pibes les digo que, para ser libres en serio, hay que tener autonomía, mirada crítica, investigar. No tomar el camino corto, que lleva a la imbecilidad. Por eso son importantes los sitios de la memoria, porque te hablan del pasado, del presente y del futuro. Si conocés la historia, nunca vas a reivindicar a los genocidas.
“Las estupideces empiezan temprano”. Lo dice Charly en “Botas locas”, de Sui Generis. La mañana del Día de la Independencia es glacial como venia castrense. El techo porteño luce celeste y blanco. Las anchas avenidas, verde oliva. Soberbio teatro de operaciones para el oneroso mitin mileísta por el 9 de Julio. Siete mil soldados toman las calles. Festejan las Fuerzas Armadas de la tierra, también las del cielo. Comulga entera la tribu militar.
Cerca del escenario pastan las vacas sagradas de la casta libertaria: desde el presidente Milei hasta la vice Villarruel, ataviada de rojo shocking punzó. También la poderosa gran hermana Karina. “El Jefe”, consejera, pitonisa, asesora todoterreno y verduga a cargo de la guillotina.
Miles de efectivos, decenas de camiones, tanques, aviones, motos, caballos y hasta perros desfilan por la Avenida del Libertador. Mientras el Presidente invoca la austeridad como valor supremo y la Argentina sufre el “ajuste más grande de la historia de la humanidad”, su gobierno destina millones de pesos a un desfile con tufillo de autofestejo. Pines a 2.500 pesos se consiguen cerca del edificio brutalista de la Biblioteca Nacional. “Poco vendimos. Estoy rematando a 1000, pero la gente pide descuento”, saca cuentas un vendedor. No hay plata.
Los veteranos héroes de la Guerra de Malvinas son la punta de lanza de la Green Parade. Estoicos, marchan frente al mandatario fan de Margaret Thatcher. Doña Nancy reparte escarapelas en primera fila. Es familiar de excombatientes. “Emoción siento. Un honor verlos desfilar”, infla el pecho. Después suspira y embelesada mira el palco. Cerquita flamea una bandera: “Los carapintadas tienen razón”, dice.
La señora Alejandra, vecina de Palermo, se arrimó al festín independentista con sus primas, sobrinas y Lolita, su perrita raza dachshund. Una salchicha. “Me parece magnífico el acto, un reconocimiento que hace falta para las Fuerzas Armadas, que son un faro para que el país pueda salir adelante. Los militares cometieron errores en el pasado, pero no hay que generalizar”. Suenan marchas castrenses en loop. Pasan granaderos, patricios, marineros, buzos, comandos y vaya uno a saber qué uniformado más.
Después del mediodía, el público se bate en retirada. Pero antes, la familia militar y las fuerzas del cielo repiten como mantras sus frases fetiches: “¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la patria!”.
Bonus track: pocos días después, el 11 de julio, seis diputados del bloque de La Libertad Avanza visitaron a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penal de Ezeiza. Los encuentros, de los que participaron también abogados de los represores, habían comenzado en enero de 2024 bajo la tutela de la vicepresidenta Villarruel. El objetivo era pergeñar en el mayor de los secretos un plan para excarcelar a los militares. A principios de agosto estalló el escándalo, con la difusión de una foto del último encuentro. La reivindicación de la dictadura militar tenía su retrato público para guardar en la memoria.
El escenario de la polaroid negacionista es un salón de la cárcel conurbana, con una cruz y figuras de la Virgen como telón de fondo. En el centro del retrato se ve sonriente a la joven legisladora Lourdes Arrieta, quien luego declaró que no sabía quién era el torturador Alfredo Astiz, el “Ángel de la Muerte”, uno de los anfitriones del ágape, que aparece al fondo del grupo, casi oculto, también sonriendo en el extremo izquierdo de la imagen. En el centro de la escena asoma el diputado Beltrán Benedit, rodeado de una patota de genocidas: Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Carlos Suárez Mason (hijo), entre otros criminales.
La foto dejó como saldo denuncias, pedidos de desafuero, incluso internas en el oficialismo que desembocaron en la ruptura –al parecer irreversible– entre Milei y su vice. En las zonas más oscuras de esa postal se desliza la posible existencia de un generoso aporte monetario que realizaron los represores para la campaña electoral, a cambio del indulto. En las filas de la LLA desmienten a las malas lenguas, argumentando: “Esos pobres ancianos no tienen un mango”. Nada dicen de los suculentos “ahorros” que los represores acumularon en los años de plomo, en calidad de “botines de guerra”.
La llama de la memoria sigue encendida en el ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). La noche del sábado 4 de enero, miles de velas alumbran el predio de 17 hectáreas donde funcionó un campo de concentración durante la última dictadura. Masivo festival contra el vaciamiento en la Secretaría de Derechos Humanos y el cierre “provisorio” del Centro Cultural Haroldo Conti. Desde el escenario, la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida dice: “Yo quisiera tener un mano a mano con Villarruel, con Milei y compañía para preguntarles cara a cara si ellos están de acuerdo con sus amigos genocidas de haber tirado vivos al río a tantos de nuestros hijos, a nuestras madres, a las monjas francesas y a tantos otros. Yo les preguntaría si están de acuerdo con sus amigos genocidas de haberse apropiado de los bebés. Todas, Abuelas y Madres, hemos recuperado 138 nietos. La lucha sigue, nadie baje los brazos”.
Tres semanas después, en estos tiempos con vientos que soplan en contra de los organismos de Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad de la nieta 139. No todos festejaron la buena nueva: un grupo de militantes libertarios de San Isidro taparon con pintura blanca un mural que homenajeaba a los nietos restituidos. El grupo de tareas se movilizaba en un Ford Falcon verde, vehículo ícono de la dictadura. Un sentido homenaje.
“Desmantelamiento–Peligro de cierre”, dicen las pancartas que cuelgan de las rejas de la ex ESMA, sobre la Avenida del Libertador. “Esta mañana, pasó un hombre y quiso sacarlos. Me puteó, me dijo que nos iba a pasar lo mismo que a los terroristas, que nos iban a venir a buscar, que este lugar hay que cerrarlo”, cuenta Martín, un laburante de mantenimiento del edificio Sitio de Memoria, el viejo Casino de Oficiales, el núcleo del ex centro clandestino, que es patrimonio de la Unesco. El muchacho resiste a duras penas los despidos de sus compañeros y el recorte del 60 por ciento en su salario: “¿Quién vive con poco más de 400 mil pesos? Entre viaje y comida se me va la mitad. Voy a tener que conseguir otro laburo. El trabajo digno también es un derecho humano”.
Cada vez que Paula Donadío entra a la ex ESMA, se encuentra con los retratos de sus tíos. La joven militante de HIJOS trabaja en el espacio donde fueron asesinados. Su mamá también sufrió el encierro y la tortura. Se gana el pan en la Secretaría de Derechos Humanos y es delegada de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Frente a la foto de sus familiares, piensa un rato cuando le pregunto qué dirían ellos de estos tiempos: “Algo de trabajar acá es ver a mis tíos en estas fotos todos los días, es un recordatorio de por qué luchamos. Y luchamos por nuestros trabajos, pero sobre todo por las políticas públicas. Más que destruirlas, hay que financiarlas más, porque tenemos demasiados problemas con la violación de los Derechos Humanos en el presente y hay que seguir trabajando. Eso está rompiendo este gobierno”.
El Archivo Nacional de la Memoria resguarda material gráfico y audiovisual referido a las violaciones de Derechos Humanos. Entre su memorioso acervo se encuentra la documentación de la Comisión Nacional sobre las Desaparición de Personas (Conadep), que se utiliza como insumo para las políticas reparatorias y para las causas por delitos de lesa humanidad vigentes. Guarda cinco kilómetros lineales de documentación. “No es un simple depósito, como creen muchos funcionarios, sino un espacio que preserva testimonios, documentos, objetos, videos, casetes. Guardamos hasta los audios que puede tener un hijo con la voz de su mamá desaparecida”, detallan los archivistas Octavio “Pilo” Rampoldi y Carla Fernández, supervivientes del despido de 38 trabajadores en el área. Agregan que la falta de recursos, desde guantes hasta cajas, dificultan el trabajo de conservación. Al despedirse, Pilo subraya: “Los archivos sirven para construir y generar sentido. Mucho más en estos tiempos de disputa con el negacionismo. Esta semana, la Armada ordenó la destrucción de su archivo general. Imaginate entonces el valor que tiene ahora este espacio. Si se destruye el archivo, no hay pruebas de los crímenes, no sucedieron”.
Dice Milo J en un video a través de su cuenta de Instagram: “Supongo que juntar 20 mil personas en un espacio de la memoria no le gusta al Gobierno”, después de comunicar la suspensión de la preescucha de su nuevo disco, 166–Deluxe Retirada, que se iba a hacer el jueves 13 de febrero en la ex ESMA. Una medida cautelar presentada por la Secretaría de Derechos Humanos impidió el evento. Con un operativo de seguridad descomunal frente al predio, que incluyó policías, gendarmes y prefectos listos para la represión, el Gobierno invitó a retirarse a los fanáticos del cantante moronense congregados en el barrio de Núñez, adolescentes con un promedio de edad de 15 años. En conferencia de prensa, la madre y mánager del músico, Aldana Ríos, afirmó que los habían extorsionado para dar de baja el show: “Nos dijeron que si no suspendíamos, iban a reprimir a todos los chicos que estaban esperando”. Un par de horas antes, funcionarios de la Secretaría habían quitado del predio la gigantografía que mostraba el momento en que el expresidente Néstor Kirchner ordenaba que se retirara el cuadro de Videla del Colegio Militar. Antes de dejar el Espacio de la Memoria, Milo J pintó el presente: “Esto no es político, esto es una hijaderemilputez. Tengo ganas de llorar pero no voy a llorar, voy a gastar mis lágrimas en otra cosa”.
Karen Maidana Galván y sus compañeres de Nietes, joven agrupación de Derechos Humanos, dijeron presente esa tarde en la ex ESMA cercada una vez más por uniformados. El abuelo de Karen, Orlando Galván, era delegado y militante de Montoneros y la Juventud Peronista. Fue secuestrado en octubre de 1977. Tenía 30 años, la edad actual de su nieta. Sus restos fueron recuperados en 2010, gracias al trabajo de Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF): “Por ahí de chica tenía la ilusión de que estuviera vivo, y con el pasar de los años vas perdiendo la esperanza. Cuando aparecieron los restos, de alguna manera fue un cierre. Saber qué le pasó, cuándo lo mataron, ver las torturas que sufrió, el disparo en su cráneo. Fue un cierre. Ahora tengo un lugar para dejarle una flor”.
Desde los tiempos de la pandemia, Nietes se sumó a la familia de Abuelas, Madres e Hijos en las luchas por la memoria. Al trabajo en físico sumaron la pelea en el mundo virtual: “En internet y las redes sociales crecieron mucho los discursos antiderechos y negacionistas. Hay que disputar ese territorio, y los nietos y nietas vamos a dar la batalla, para llegar a las juventudes. Ni la censura ni los discursos de odio nos van a frenar”.
Karen cuenta que sueña con una marcha multitudinaria el próximo 24 de Marzo: “Razones sobran. Van a estar los organismos, los militantes, los estudiantes que luchan por la educación pública, los despedidos y los laburantes que no llegan a fin de mes, las mujeres y las diversidades, la gente que pasa hambre y que no puede acceder a la salud pública. Unidos vamos a salir a las calles. Este pueblo tiene memoria. Es el país del Nunca más”.
