Faltaban menos de cuatro días para que Donald Trump fuera investido por segunda vez. En esos últimos días de la transición presidencial, Trump y su equipo estaban ocupados ultimando su bombardeo de medidas ejecutivas, que incluía una amplia ofensiva contra los derechos civiles, los transexuales estadounidenses y los programas de diversidad. El gobierno en espera de Trump estaba dando los últimos toques a los planes para una campaña de propaganda sorprendentemente nacionalista, que pronto presentaría un video “ASMR” de funcionarios preparándose para llevar a los inmigrantes a la bahía de Guantánamo.
Trump había asignado de forma preventiva una asombrosa cantidad de poder al hombre más rico del mundo, Elon Musk, dándole casi rienda suelta para golpear la fuerza de trabajo federal. Pero el presidente electo estaba más emocionado por uno de sus actos inaugurales más retorcidos aún por llegar: los indultos y condonaciones masivas para sus partidarios que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
En medio de todo esto, el presidente entrante tenía otra cosa en mente: su moneda meme. El viernes anterior a su investidura, Trump anunció que iba a lanzar su propia criptomoneda llamada “Trump Meme”, un activo puramente especulativo, comparable a una tarjeta de béisbol digital, sin valor ni uso inherentes. El precio de $TRUMP se disparó rápidamente, pasando de unos 6 a 74 dólares, generando miles de millones de dólares en papel para la familia Trump.
El lanzamiento tuvo tanto éxito que la primera dama Melania Trump se apresuró a lanzar también su propia moneda meme, menos de 24 horas antes de la toma de posesión de su esposo, lo que provocó que $TRUMP comenzara a desplomarse. A finales de febrero, la moneda cotizaba en torno a los 13 dólares. Los primeros inversores seguramente obtuvieron enormes ganancias, mientras que cientos de miles de tontos parecen haber perdido grandes cantidades. Pase lo que pase, la familia Trump ganó una fortuna: para inicios de febrero, su familia y socios habían ganado cerca de 100 millones de dólares en comisiones.
En los últimos días de la transición e incluso durante el inicio de su presidencia, Trump animó en privado a sus aliados cercanos —en grandes empresas y en el Capitolio— a comprar su moneda meme, según una fuente familiarizada con el asunto y un congresista republicano; incluso lo hizo durante cenas.
“Realmente deberías entrar”, recomendaba Trump sin rodeos.
“Por supuesto que lo hizo”, afirma el congresista republicano. “Le dijo a todo el país que lo hiciera [a través de un tweet en X], ¿por qué no iba a decírselo a la gente que conoce? No hay nada malo en ello”. El congresista se negó a decir si invirtió, aunque si compró más de una o dos horas después de su lanzamiento, de seguro habría perdido mucho.
La moneda meme fue una manera tan descarada de conseguir dinero rápido que uno de los antiguos directores de comunicación de la Casa Blanca de Trump la denunció como “corrupción al nivel de Idi Amin”. Y ni siquiera era la primera incursión de la familia Trump en las criptomonedas: durante la campaña de 2024, su familia anunció la creación de su propia plataforma de criptomonedas, World Liberty Financial.
Como prometió durante campaña, el presidente ha trabajado agresivamente para impulsar los intereses de la criptoindustria en Washington y garantizar que los activos increíblemente arriesgados operen con poca regulación, firmando una orden ejecutiva para promover el cripto, anunciando una “reserva estratégica de cripto” y nombrando a un aliado de la industria para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). A finales de febrero, la SEC de Trump desestimó el procesamiento de Justin Sun, quien había sido acusado de comercializar criptovalores no registrados y de manipular el mercado de una criptomoneda, después de que las inversiones de Sun en World Liberty Financial supuestamente reportaran a la familia Trump 56 millones de dólares en comisiones.
La estafa de las criptomonedas encapsula a la perfección la descarada farsa en el corazón de la nueva presidencia de Trump: las élites más acaudaladas están preparadas para sacar provecho, mientras que la gente del común se ve perjudicada; y la política pública se diseñará para garantizar ese preciso resultado.
“En comparación con otros grandes escándalos de corrupción desde la década de 1870, esta administración se perfila como la más corrupta de todas, porque nunca antes un presidente había estado dispuesto y había sido capaz de utilizar descaradamente el cargo para obtener grandes beneficios personales”, afirma Kedric Payne, consejero general y director senior de ética del Campaign Legal Center. “En comparación con su primer mandato, es más estratégico y está más preparado para la corrupción, y ha dado grandes pasos para eliminar cualquier posible represalia contra sus acciones. Un ejemplo es su interés financiero en las criptomonedas, mientras que, al mismo tiempo, modifica la política para permitir que esa industria florezca”.
Payne añade: “La naturaleza flagrante de esto es realmente nueva, y creo que a mucha gente le cuesta hacerse a la idea. La corrupción normal implica que cabilderos ofrezcan regalos, recompensas y contribuciones de campaña a congresistas con la esperanza de recibir legislaciones que puedan ser beneficiosas. Estos son actos que favorecen directamente a Trump”. (La administración Trump no respondió a las solicitudes de comentarios).
Aunque aún está en pañales, su segunda administración ha sido una impactante manifestación de corrupción, delincuencia y crueldad, con un nivel de caos aún mayor del que los estadounidenses esperaban del antiguo presentador de concursos. Ahora está claro que sus críticos tenían razón sobre lo que significaría una victoria de Trump; en todo caso, muchos de ellos subestimaron la amenaza que supondría.
“Esta administración se perfila como la más corrupta de todas”. KEDRIC PAYNE
En el centro del espectáculo de terror está Elon Musk, quien gastó 290 millones de dólares apoyando a Trump y a los republicanos en el último ciclo electoral. A cambio, el director de Tesla fue puesto a cargo del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Ambos han utilizado esta oficina no tan legítima para pasar por encima de los controles y balances constitucionales y las leyes federales de larga data con el fin de consolidar y ampliar el poder presidencial, y así poder desmantelar agencias enteras y purgar el personal para hacerlo más MAGA.
Con Musk y su equipo de jóvenes ayudantes de extrema derecha en DOGE a la cabeza, la administración Trump se ha movilizado para despedir a decenas de miles de empleados federales sin motivo alguno, desde la gran mayoría de los trabajadores de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; algunos trabajadores de la salud en el Departamento de Asuntos de Veteranos; personal que cuida de nuestros grandes parques nacionales; hasta empleados de la Administración Federal de Aviación que mantienen los cielos seguros. (También despidieron a cientos de empleados de la agencia que gestiona las armas nucleares de Estados Unidos antes de intentar volver a contratarlos).
Los veteranos representan el 30 % de la mano de obra federal, por lo que los estadounidenses que sirvieron a nuestro país tienen casi asegurada la peor parte de los despidos masivos de Trump y Musk. Por otra parte, Musk y DOGE intentaron específicamente cancelar cientos de contratos de Asuntos de Veteranos, destruyendo la capacidad del departamento para proporcionar la atención y los beneficios prometidos; según Washington Technology (una revista para contratistas del gobierno), la mayoría de los contratos en cuestión pertenecían a pequeñas empresas de veteranos discapacitados.
“El Congreso calcula que 50.000 veteranos perderán empleos, casas y mucho más”, afirma Michael Embrich, antiguo asesor político del secretario de Asuntos de Veteranos, y añade: “Aquellos que juraron defender la democracia verán ahora su búsqueda de la felicidad despojada por dos de los hombres más ricos y poderosos que jamás hayan faltado al servicio del interés público”.
‘Pagar para ver al presidente’
En poco tiempo y en comparación, los dilemas éticos del primer mandato de Trump han empezado a parecer pequeños. Además de las criptomonedas, hay muchas formas de que las empresas —o los intereses extranjeros— ingresen dinero directamente en las arcas del presidente y su familia.
Durante la campaña del año pasado, Trump habló en privado sobre subir el precio de la membresía en su club privado de Florida y finca Mar-a-Lago, porque los miembros están “pagando para ver al presidente”. Después de que Trump derrotara a la vicepresidenta Kamala Harris, los principales consejeros delegados y ejecutivos de empresas aumentaron sus visitas al club del presidente en Palm Beach; Jeff Bezos, de Amazon, Mark Zuckerberg, de Facebook, ejecutivos de la industria farmacéutica y muchos otros hicieron el show de besar el anillo.
Los altos cargos de los grupos de lobistas y de varios gigantes corporativos empezaron inmediatamente a planear retiros, galas y reuniones anuales en Mar-a-Lago y otros complejos de golf y espacios con eventos de la marca Trump, para darle dinero. Un antiguo miembro de un grupo de presión de Washington se refirió a esto como “propinas” para el presidente. Wired informa que el Super PAC de Trump ha cobrado un millón de dólares por asiento en los eventos de Mar-a-Lago con el presidente y las reuniones individuales cuestan 5 millones de dólares.
Incluso la primera dama ha estado haciendo negocios, incluyendo un acuerdo extravagante con Amazon. La compañía firmó un acuerdo de 40 millones de dólares con Melania Trump por un documental que, como dice una fuente de Amazon, “nadie pidió”. Al parecer, otros estudios, en la medida en que estaban interesados, ofrecieron sumas muy inferiores. Se espera que la mayor parte del dinero vaya directamente a la primera dama, y según The Wall Street Journal, también habló personalmente con Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, sobre el proyecto cinematográfico, dirigido por el desprestigiado cineasta Brett Ratner, durante una cena en Mar-a-Lago en diciembre.
Volver a ser presidente le ha permitido a Trump resolver sus demandas, a menudo frívolas, contra grandes empresas tecnológicas y medios de comunicación corporativos, y salir ileso con pagos multimillonarios. En un caso, ya ha hecho valer el peso de la Comisión Federal de Comunicaciones contra una empresa de medios a la que demandó.
En diciembre, ABC (que es propiedad de Disney) anunció que pagaría 15 millones de dólares para resolver la demanda de Trump por la afirmación de George Stephanopoulos de que el actual presidente había sido “declarado responsable de violación” en demandas civiles de E. Jean Carroll. (Trump fue declarado responsable de “abuso sexual”). A finales de enero, Meta acordó pagar 25 millones de dólares para resolver la demanda de Trump por la suspensión de sus cuentas en redes sociales por parte de Facebook después de que fomentara los disturbios del 6 de enero.
“El número de posibles conflictos de intereses es incalculable”. CIARA TORRES-SPELLISCY
Los pagos de Facebook y ABC se destinaron a los fondos reservados para una supuesta nueva biblioteca y un museo presidenciales. En el caso del acuerdo de Trump con X, Musk ni siquiera se molestó con el fondo ilícito, en su lugar negoció un acuerdo de 10 millones de dólares que, según se informa, beneficiará al presidente personalmente. Trump ha afirmado que le hizo “un gran descuento” a Musk.
Conflictos evidentes
Después de todo, el acuerdo de 10 millones de dólares con Trump podría ser astuto, dado que su relación con el presidente le ha convertido en una de las personas más poderosas del mundo y le ha colocado en una posición que le permite beneficiarse aún más del Gobierno.
El equipo de Musk en el DOGE ha exigido un amplio acceso a datos y sistemas sensibles de todo el gobierno federal para poder realizar despidos, cancelar proyectos y cortar pagos a entidades que no gustan a Trump y Musk. El resultado para el director de Tesla es que ahora tiene acceso a un tesoro de datos sin precedentes sobre todos los estadounidenses y sus competidores; las posibilidades de conflictos de intereses son infinitas, dados los negocios de Musk.
Como dice Ciara Torres-Spelliscy, profesora de Derecho de la Stetson University College of Law, “el número de posibles conflictos de intereses es incalculable”.
La Casa Blanca de Trump ha argumentado que Musk puede vigilar sus propias actividades, y optar por excusarse del trabajo de DOGE supervisando ciertos contratos o financiación si cree que suponen un conflicto. El director de Tesla, por su parte, ha sugerido que el público le responsabilizará de ser necesario: la gente “no tendrá reparos en decirlo”, dijo en una rueda de prensa con el presidente.
“Elon Musk está ejerciendo un poder no válido”. JED SHUGERMAN
“No le dejaríamos trabajar ese segmento o mirar en esa área si pensáramos que hay una falta de transparencia o un conflicto de intereses”, ofreció Trump, antes de intentar alejar cualquier preocupación: “Es un hombre exitoso. Por eso queremos que lo haga”. Más tarde, el magnate añadió públicamente una posible restricción: “Todo lo que tenga que ver con el espacio, no dejaremos que Elon participe”, afirmó. Y tendría sentido, ya que SpaceX, la empresa de Musk, ha recibido miles de millones en contratos de la NASA.
Cuando en febrero se reportó que la administración Trump estaba apuntando a la NASA para una ronda de dolorosos recortes —potencialmente el 10 % de todo el personal—, de un momento a otro, el presidente dejó a la agencia en paz. Pocas horas después de que esos informes aparecieran, se le dijo al personal de la NASA que podía respirar: los recortes se posponían por el momento, o tal vez se cancelarían para siempre.
¿El motivo? Musk y sus aliados intervinieron personalmente para evitar los recortes, según dos fuentes conocedoras de la situación.
Mientras arrasa con la fuerza laboral federal, el director de Tesla saca provecho de contratos nuevos y existentes, incluso con agencias que regulan sus negocios.
Después de que Musk y DOGE recortaran cientos de puestos de trabajo en la FAA (una agencia que había multado a la SpaceX de Musk por violaciones de normativa y seguridad), los medios de comunicación informaron que la agencia se estaba preparando para contratar a Starlink —propiedad de SpaceX— para actualizar los sistemas que utiliza para gestionar el espacio aéreo de Estados Unidos. Como informó Rolling Stone, antes de que fuera oficial, los funcionarios de la FAA ordenaron discretamente al personal que buscara decenas de millones de dólares para financiar un acuerdo con Starlink.
“Si Musk está a cargo de contratar y despedir trabajadores en la FAA, entonces obtener un contrato sin licitación de la FAA para prestar servicios sería un conflicto de intereses épico”, dice Torres-Spelliscy. “Si ese es el caso, entonces, básicamente, se está pagando a sí mismo con fondos de los contribuyentes a través de una parte del gobierno que controla parcialmente a través de su capacidad para despedir a la gente”.
Las conversaciones sobre la contratación de Starlink han surgido en otros lugares. Según una fuente familiarizada con el asunto, durante las primeras semanas de la segunda era Trump, el personal del DOGE se puso en contacto con funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia (DOJ), para preguntar si la oficina había pensado alguna vez en adoptar Starlink para operaciones sensibles y de vigilancia.
“Quería vomitar”, dice la fuente, añadiendo que no hay razón alguna para que el FBI necesite Starlink.
La administración también ha protegido la plataforma X de Musk de una posible vigilancia, pausando el trabajo de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que supervisa a los grandes bancos y otras instituciones financieras, como las aplicaciones de pago entre particulares. Musk está trabajando con Visa para ofrecer un servicio de pago entre particulares llamado X Money Account.
Otras agencias que examinan los negocios del director de Tesla se han enfrentado a fuertes despidos, incluida la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), que ha estado investigando la tecnología de conducción automática de Tesla.
“En la medida en que Musk está contratando y despidiendo a gente en todo el poder ejecutivo de EE.UU., no está realizando transacciones en condiciones de igualdad con los reguladores gubernamentales”, dice Torres-Spelliscy. “Con respecto a la NHTSA, él sería tanto el regulador como el regulado [Tesla]”.
‘Elon Musk es anticonstitucional’
La ilegalidad es el núcleo del proyecto DOGE de Musk y de la agenda de tala y quema de Trump para su segunda administración. La campaña de despidos masivos del presidente y sus esfuerzos por ampliar el poder ejecutivo dependen de su voluntad y la de sus compinches de ignorar la Constitución, las leyes federales vigentes aprobadas por el Congreso y cualquier expectativa de transparencia.
Musk no ha sido nombrado ni confirmado; es un “empleado especial del gobierno”, una designación que le permite eludir el proceso de confirmación del Senado y evitar revelar públicamente sus vastas posesiones financieras.
“Los empleados públicos especiales no van por ahí dirigiendo a la gente en las agencias y diciéndoles qué hacer”, afirmó Richard Painter, profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota y abogado de asuntos éticos del Presidente George W. Bush. “Si diriges a personas en agencias y les dices lo que tienen que hacer, según la cláusula de nombramientos de la Constitución, tienes que ser nombrado y confirmado por el Senado”.
La oficina que Musk ha dirigido, DOGE, fue creada mediante el cambio de marca del Servicio Digital de Estados Unidos, una unidad de tecnología que estaba alojada dentro de la Oficina de Administración y Presupuesto del presidente. Musk y Trump han intentado otorgar a la oficina autoridades que nunca le concedió el Congreso, además de también haber trasladado la DOGE a la oficina ejecutiva del presidente, para protegerla de las leyes de registros públicos.
En los tribunales, el Departamento de Justicia ha afirmado que “el Sr. Musk no tiene autoridad real o formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo”, incluso después de haber amenazado públicamente con despedir a cualquier empleado federal que no respondiera a sus correos electrónicos de recursos humanos preguntándoles: “¿Qué hiciste la semana pasada?”.
Mientras tanto, el DOGE ha trabajado para ayudar a la administración Trump a recuperar fondos apropiados por el Congreso, incluidos 80 millones de dólares sacados directamente de las cuentas bancarias de la ciudad de Nueva York. Esos fondos, destinados a ayudar a la ciudad a albergar a los solicitantes de asilo, fueron retirados después de que Musk afirmara falsamente que DOGE había “descubierto” que los fondos de ayuda por desastres “se estaban gastando en hoteles de lujo para ilegales”.
Hay un término para este tipo de actos: incautación. Trump prometió intentarlo durante la campaña de 2024; sin embargo, la Constitución no otorga al presidente el poder de incautar, congelar o negarse a gastar fondos asignados por el Congreso.
“Está bastante claro en materia textual, y la historia es aún más clara, que el presidente tiene que someterse al Congreso, y no puede anular las apropiaciones específicas del Congreso”, dice Jed Shugerman, profesor de derecho de la Universidad de Boston y experto en poder ejecutivo. Señala que el director de Tesla “tiene diputados que pulsan directamente los botones que bloquean los pagos”, gracias al acceso sin precedentes del DOGE a los sistemas de pago de Estados Unidos.
Trump está desafiando la Constitución de otras maneras. El presidente ha intentado, mediante una orden ejecutiva, poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, la garantía de la 14ª Enmienda de conceder la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos. (Un juez nombrado por Ronald Reagan dictaminó que la orden de Trump era “flagrantemente inconstitucional”).
Para agravar la amenaza constitucional, el vicepresidente J.D. Vance ha sugerido que Trump puede ignorar las sentencias de los jueces, y el presidente ha amenazado públicamente con “investigar” a los jueces que fallen en contra de los esfuerzos del DOGE por destripar las agencias federales y congelar sus fondos.
“En este momento, hay suficientes informes que sugieren que Elon Musk está ejerciendo un poder no válido que la Constitución no permite”, explica Shugerman. “No debería tener ningún poder ejecutivo si no ha sido establecido por el Congreso”, continúa Shugerman. “El poder ejecutivo que está ejerciendo es el de un jefe de departamento o funcionario principal, y no ha sido confirmado. Elon Musk es inconstitucional”.
‘¿Qué vas a hacer al respecto?’
Desde los albores de su primera administración, Trump ha dicho a sus seguidores: “Promesas hechas, promesas cumplidas”. Una promesa de 2024 que ha mantenido fue la de hacer que el gobierno federal sea lo más autocráticamente MAGA y sectario posible.
Durante el fin de semana del Día de los Presidentes a mediados de febrero, Trump gritó la parte silenciosa en voz alta, yendo a Internet a escribir: “Quien salva a su País no viola ninguna Ley”, parafraseando una cita aparentemente falsa de Napoleón, y declarando efectivamente que cree que puede violar cualquier ley que quiera.
En una época más cuerda, este tipo de expresiones del comandante en jefe de Estados Unidos serían un escándalo. Después de todo, el presidente —debido a la Revolución Americana— no es un rey. Pero Trump y su equipo no tardaron en redoblar la apuesta, llamándolo directamente “EL REY”.
Sería más fácil desacreditar estas palabras como mera provocación si el presidente no estuviera tratando de consolidar un poder sin control. En su primer mes en el cargo, procedió a purgar el FBI y el Departamento de Justicia como venganza por las investigaciones penales a las que se ha enfrentado; además de haber convertido el DOJ en un brazo político de la Casa Blanca y en un escudo de protección para él, sus amigos y aliados, y en un arma contra sus enemigos, reales o aparentes.
Casi tan pronto como tomó posesión, múltiples fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Rolling Stone que hubo una repentina y sorprendente restricción de la información en el Departamento de Justicia. Los altos funcionarios del DOJ fueron repentinamente excluidos de conferencias telefónicas y reuniones diarias para repasar las principales amenazas o los principales sospechosos en los que se estaban centrando los federales.
Los políticos designados por el nuevo presidente advirtieron repetidamente a los funcionarios de carrera y abogados del Departamento de Justicia que negarse a acatar la interpretación de Trump de la ley —por más ilegal que pueda sonar— es motivo de destitución.
Durante la campaña presidencial de 2024, Trump dijo a varios confidentes que su nuevo Departamento de Justicia no llevaría a cabo más investigaciones federales “ilegales” de sus amigos republicanos. El presidente y su administración ya lo están cumpliendo.
Ed Martin, el nuevo fiscal federal interino de Trump para el Distrito de Columbia, se ha comprometido públicamente a “proteger al DOGE”, y describió a su equipo como “los abogados del presidente Trump”. Peor aún, en febrero, su oficina supuestamente se negó a firmar una orden de arresto para el representante de MAGA de Florida Cory Mills, tras haber sido acusado de agredir físicamente a una mujer de 27 años. Al mismo tiempo, Martin ha amenazado públicamente con investigar a los legisladores demócratas por sus críticas a Musk y a la Corte Suprema conservadora.
Después de que Trump asumiera el cargo de nuevo, el interés del Departamento de Justicia en la lucha contra la corrupción se evaporó rápidamente, y el departamento anunció que estaba poniendo fin a su enfoque en sobornos e influencias. El DOJ también desestimó el caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, para que pudiera dedicar más “atención y recursos” a ayudar en la campaña de Trump contra la inmigración.El consiguiente escándalo desencadenó una oleada de renuncias en el Departamento de Justicia que incluyó a fiscales que habían sido asistentes de jueces tremendamente conservadores. En otra presidencia, habría sido el episodio más oscuro y decisivo. En Trump 2.0, fue otro día, otra semana, otra oportunidad para que el presidente y su gente pusieran en práctica su principio jurídico rector —al estilo de Los Soprano y en palabras de un abogado conservador cercano a Trump y a su santuario interno—: “¿Qué vas a hacer al respecto?”.
