Este fin de semana, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos pasaron por uno de los episodios más tensos en la historia reciente. La confrontación entre el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro y la administración del recién posesionado presidente de Estados Unidos, Donald Trump tuvo un intenso desarrollo que muestra el ya conocido carácter arbitrario del nuevo mandatario en contra de los migrantes.
El enfrentamiento surgió por el anuncio de Trump de deportar masivamente en aviones militares a migrantes que no tienen permiso de permanencia legal en los Estados Unidos. Trump, quien está cumpliendo su promesa de campaña, ha hecho de su orden un espectáculo mediático que acompañó de un mensaje donde nombró irresponsablmente como “delincuentes” a los migrantes deportados.
En el caso particular del enfrentamiento con Colombia, el 26 de enero la situación alcanzó su punto máximo cuando el gobierno de Petro se negó a recibir dos vuelos con colombianos deportados si no se garantizaban condiciones dignas en su trato. Esta negativa fue vista como un desafío directo a las políticas migratorias de Trump, quien no tardó en responder con duras amenazas: suspender visas al equipo de gobierno y aliados, elevar los aranceles a las importaciones desde Colombia y congelar la emisión de visas para colombianos.
Horas de tensas negociaciones entre los equipos diplomáticos de ambos países siguieron a las declaraciones de Trump. Finalmente, en horas de la noche, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, anunció que después de un largo día de intercambios, las partes habían logrado superar el conflicto y que Colombia aceptaría recibir a los colombianos deportados, aunque con algunas condiciones.
“El Gobierno de Colombia informa que hemos superado el impase con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña viajaremos a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto eintercambio de notas diplomáticas”, afirmó Murillo.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que se destacaba que el gobierno colombiano había aceptado los términos impuestos por Trump. Esto resultó en la retirada de las sanciones económicas anunciadas previamente, que, en todo caso más allá del anuncio no era claro cómo iban a ser aplicadas o si el Congreso las aprobaría.
El acuerdo parece poner fin, al menos temporalmente, a la crisis diplomática que amenazaba con escalar más, pero las consecuencias del mismo siguen siendo un tema de discusión. La intimidación que impuso el equipo de Trump, con el incremento de aranceles no solo afectan a los exportadores colombianos, sino que también afectaría a los consumidores estadounidenses que, por ejemplo, pagarían más en el precio final de productos como el café.
Por supuesto la gran preocupación del lado colombiano tiene que ver con el trato que tendrán los migrantes en Estados Unidos. Aunque el gobierno de Petro se comprometió a aceptar la repatriación de las personas deportadas, persiste la inquietud sobre las condiciones en que se gestione la migración tanto de colombianos como de otros migrantes latinoamericanos.
El gobierno de Gustavo Petro enviará en este caso el avión presidencial para repatriar a los colombianos deportados, cumpliendo con lo acordado de procurar condiciones dignas para este retorno. Sin embargo, el debate sobre las implicaciones humanitarias de estas políticas de deportación continuará no solo en Colombia, sino en toda la región.
El impacto de las relaciones diplomáticas con Trump en los más vulnerables
Tras la crisis diplomática se plantea una gran incertidumbre frente a los retos que vendrán a futuro para la relación entre Estados Unidos y Colombia. En primer lugar, la línea que Trump y sus funcionarios han tomado como bandera de su política exterior, guiados por sus intereses ultranacionalistas, no deja de ser una alerta para su relación con todo el mundo.
Este es un escenario especialmente extraño para Colombia, que ha sido un aliado estratégico de larga data de Estados Unidos en la región, pero que ahora mantiene un claro antagonismo por las posturas ideológicas que representan Petro y Trump. Es imposible ignorar el enorme poder que representa Estados Unidos en la geopolítica mundial, así como las pocas posibilidades de que se establezca un bloque opositor de países como Colombia, que hagan frente a sus decisiones. Sin embargo, no hay que perder de vista las consecuencias que estas tensiones tienen para las personas más vulnerables.
Aunque el presidente Petro tiene el derecho y la responsabilidad de exigir dignidad para los colombianos deportados, reconociendo que las personas indocumentadas no son criminales, merecen respeto y no son “ilegales”, es un buen momento para que Colombia tenga respuestas estructuradas y no mediáticas para esta realidad que no es nueva, pero que se va a intensificar con Trump en el poder.
Una de las mayores inquietudes que quedan luego de este conflicto es la de los alcances de la gestión migratoria que lleve a cabo la administración Trump. Las políticas de criminalización de la migración en Estados Unidos han sido duramente criticadas por organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre el riesgo de estigmatizar a personas que, en muchos casos, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema.
La espectacularización de las deportaciones del gobierno Trump, con discursos xenófobos acompañados de fotos de personas encadenadas subiendo a aviones militares, crean una narrativa de criminalidad que no corresponde con la mayor parte de los casos de quienes son deportados. Estas acciones son estigmatizantes, afectan la dignidad y vulneran los derechos de las personas migrantes de formas muy profundas.
En últimas, la consecuencia más seria de este conflicto es humana, por eso necesita mucho más que respuestas grandilocuentes en redes sociales. Migrar es un derecho humano, aunque Estados Unidos sistemáticamente haya ignorado los compromisos internacionales para proteger las condiciones en que millones de mujeres y hombres migran en busca de una mejor vida. Este momento es particularmente difícil para los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, no solo para quienes no tienen la documentación legal para permanecer allí, pues ha sido ampliamente estudiado que los discursos antiinmigración contienen un sesgo racista que termina por afectar a toda la población extranjera racializada.
La nueva pugna entre estos dos presidentes, en el marco de un claro desbalance de poder, puede intensificar el sufrimiento de las personas migrantes y deportadas quienes enfrentan las consecuencias más dolorosas de estas tensiones. Es ahora cuando se requieren decisiones que prioricen las necesidades y dignidad de quienes migran, ojalá no desde los egos, las arbitrariedades y la instrumentalización de sus vidas que ya son víctimas de los discursos racistas que sostienen un orden del mundo donde las fronteras son un recordatorio de la disparidad de poder construida desde hace siglos.
